La diputada provincial del PSOE Paqui Medina valoró hoy el modelo público de Residencias que defiende la Diputación y destacó los avances y mejoras en la López Barneo y Santa Teresa. “No todo está hecho y hay cosas que mejorar, pero hemos invertido en recursos, en acondicionamiento y reforma de espacios e instalaciones, y en estabilización y mejora del personal”, enumeró Medina antes de denunciar la “falta de rigor, de responsabilidad y de conocimiento” del PP al presentar otra vez más la misma moción sobre estos centros, “con el mismo contenido y las mismas acusaciones”. “Ni actualizan los contenidos, ni comprueban lo que dicen. Es más fácil difundir las falsedades que asumir responsabilidades”, afeó al PP.
Medina apuntó que la cocina volverá a funcionar el próximo lunes, “un espectacular espacio, moderno y con la mejor maquinaria”, y recordó que 227 trabajadores y trabajadoras de estos centros “ya son funcionarios”. “Vamos a seguir trabajando por la dignificación y la estabilidad de la plantilla. Ya no existe personal del antiguo grupo E y hace unos días se han llegado a acuerdo, como el abono de las noches y festivos atrasados. Y seguiremos escuchando a las trabajadoras para tratar de mejorar sus condiciones laborales”, añadió.
La diputada indicó que el gasto de ambas residencias en 2025 sumó 17,4 millones de euros, de los que Diputación puso más de 10,3 millones, es decir, “el 60% de lo que cuesta su mantenimiento lo pone la Diputación”.
Asimismo, aconsejó a quien tenga dudas, que acuda al servicio de Inspección y recordó que en la última inspección se acredita la plantilla de trabajadores en estos centros, con más de 300 personas que trabajan en ambas residencias, para unos 222 residentes.
Medina señaló que desde el PP “se critica duramente a unos centros a los que se han derivado usuarios de otras residencias gestionadas por la Junta de Andalucía”, por lo que “no serán tan malas”.
En este punto, advirtió que el PP defiende otro modelo distinto y bastante menos público, puesto que la Junta paga importes muy inferiores en sus residencias, a lo que sumó que tiene centros cerrados desde hace años, personas con discapacidad desplazadas en la provincia, familias desarraigadas, usuarios que siguen sin poder volver a su hogar y, en definitivo, “un cambio de modelo con posibles privatizaciones”.
