LO QUE ESTÁ EN JUEGO CON LA PAC
La Junta de Andalucía, el PP y sus voceros se han lanzado una vez más a degüello contra el Ministerio de Agricultura a cuenta del Decreto de Convergencia que se va a aplicar durante los 2 años de transición de la PAC. Los pregoneros del apocalipsis han dictado sentencia y los canales habituales, regados con el autobombo del tándem Bonilla-Bendodo, han servido de altavoz para las profecías de hundimiento del olivar y de la provincia de Jaén. Tras las soflamas, las manipulaciones y las alertas incendiarias de las derechas, siempre predispuestas a enredarse en el fuego de la confrontación, hablemos con propiedad. El proceso de convergencia se inició en 2015. No se lo ha sacado de la manga el Gobierno. Y procede de la hoja de ruta establecida por la UE. De hecho, somos uno de los países miembros más atrasados –si no el que más– en alcanzar esa convergencia. Por tanto, no es ningún capricho. Es la corriente por la que navega Europa. Es decir, hay que hacer la convergencia sí o sí. ¿Qué piden la Junta y el PP? ¿Que no se haga? No. Saben que tiene que hacerse. Más rápida o más lenta, la convergencia tiene que hacerse inevitablemente.
¿Qué es la convergencia? Igualar los derechos de pago básico de los agricultores. Que 2 personas que cultivan lo mismo en la misma zona y en las mismas condiciones reciban la misma ayuda por hectárea. ¿Es justo y razonable? Sí. ¿El olivar y la provincia de Jaén pierden dinero en detrimento de otros cultivos y provincias? No. Todo el trasvase de dinero se hará entre los propios agricultores de la provincia de Jaén. ¿Es un trasvase grande? No, es modesto, no va a haber grandes cantidades. ¿En qué términos? Pues para empezar, una importante mayoría de agricultores que se sitúa en el entorno de la media se va a quedar prácticamente igual. Su ajuste con la media será mínimo. ¿Quiénes lo van a notar? Los que están en los extremos. Los que están muy por encima de la media y los que están muy por debajo de la media. Es decir, quienes cobran menos subirán para acercarse a la media y quienes cobran más bajarán para acercarse a la media. El Ministerio calcula que sólo el 1% de los agricultores perderá un 20% en este proceso. Sólo un 1%. Los que más ganan. Miles de pequeños y medianos olivareros, que cobran por debajo de la media, verán incrementados sus derechos. Con esta convergencia se pretende poner fin a una discriminación histórica, que beneficia a algunos privilegiados, y que impide destinar más fondos públicos a quienes más lo necesitan.
¿Dónde está por tanto el núcleo de la cuestión? ¿Por qué vociferan las derechas? Porque lo sustancial que tenemos en juego no es esta convergencia, sino lo que viene a continuación: la aplicación de la nueva PAC. Las derechas no quieren la convergencia porque grandes propietarios que cobran cuantiosos derechos van a ver sus privilegios recortados; las derechas defienden a estos terratenientes que ven los fondos públicos de la PAC como un derecho privado o un jugoso dividendo que no destinan necesariamente al campo. Por eso, las derechas no quieren oír ni hablar de las limitaciones al cobro de ayudas a partir de 100.000 euros, de que éstas se distribuyan con criterios de progresividad, de manera que se trasvasen recursos al colectivo de pequeños y medianos olivareros, que se ayude a las explotaciones familiares y a los agricultores que viven de su trabajo, que contribuyen a fijar población al territorio y mantienen vivo al medio rural. A las derechas les inquieta la PAC en la que trabaja el Ministerio, porque se acaba el guante de seda para quienes se han lucrado con el campo percibiendo ayudas millonarias, porque se introducen criterios para favorecer al olivar tradicional y porque se van a contemplar medidas que permitan mantener estos cultivos que son determinantes desde el punto vista social, económico y medioambiental.
Escribía un clásico griego aquello de “prefiero ser un mal profeta que un profeta verídico de males”. Las derechas, sin duda, siempre prefirieron lo primero con espurias intenciones.