En apenas un par de meses, una enfermedad vírica de rápido contagio se ha convertido en la mayor emergencia sanitaria global que se recuerda. El Covid 19 es una amenaza de primera magnitud para la salud pública, como desgraciadamente estamos comprobando, pero también lo es para nuestra estabilidad económica y social. España es uno de los países más afectados, pero no deja de ser un actor más en el convulso escenario de esta tragedia mundial.

En una escala de prioridades, la cima está ocupada en estos momentos por la necesidad de atajar los contagios, por frenar los estragos del virus entre la población, especialmente las más vulnerable, y por mantener la capacidad de nuestro sistema sanitario. Eso es lo que está intentando hacer el Gobierno de España desde el minuto 1, con el asesoramiento de los científicos y expertos en la materia, y las recomendaciones de los organismos y autoridades internacionales. A una crisis global, hay que ofrecer una respuesta global y coordinada.

El Gobierno de España ha ido tomando decisiones en función de la realidad existente en cada momento, adaptándose a la evolución de la crisis y procurando anticiparse en la medida de lo posible, siempre teniendo en cuenta que nos encontramos en las arenas movedizas de una amenaza que es nueva y por tanto desconocida. Sin embargo, al Gobierno no le tembló el pulso cuando dictó el Estado de Alarma y el confinamiento de la población. Lo hizo cuando España registraba 120 fallecidos, es decir, mucho antes que Italia, con 463 fallecidos, o Reino Unido, que lo hizo cuando llegó casi a 300. El Gobierno de Pedro Sánchez ha tomado medidas duras y valientes, medidas que la propia Organización Mundial de la Salud le ha reconocido y agradecido.

Y no sólo eso. Está liderando la lucha contra la pandemia con un ejercicio continuo de información y transparencia, ofreciendo datos diariamente a la ciudadanía, compareciendo en el Congreso y manteniendo un estrecho contacto con las comunidades autónomas, a las que ya ha repartido más de 20 millones de materiales de protección y ha ofrecido la colaboración de más de 52.000 profesionales sanitarios.

La emergencia sanitaria también puede tener efectos perjudiciales sobre la economía si no se interviene. En este sentido, el Gobierno también está preparando el terreno para intentar esas secuelas socioeconómicas. Ha anunciado un espectacular plan de choque que movilizará 200.000 millones de euros para ayudar a familias, trabajadores, empresarios, pymes y autónomos, con medidas de profundo calado como la prohibición de despidos con la excusa de la pandemia, la prohibición de cortar luz, agua y gas a los más vulnerables, avales públicos, apoyo a los autónomos, moratorias para pagar la hipoteca, créditos para pagar el alquiler, ayudas a los trabajadores temporales que tienen cotización suficiente o prestaciones por desempleo extraordinarias para las empleadas domésticas, sólo por citar algunas.

Es hora, en cualquier caso, de trabajo conjunto, unidad y lealtad. Es lo que exigimos a otras administraciones, como la Junta de Andalucía, más dedicada en estos días a intentar enturbiar el ambiente que a apoyar al Gobierno y poner medidas complementarias encima de la mesa. Eso lo que están haciendo administraciones socialistas como la Diputación de Jaén y nuestros ayuntamientos, demostrando una vez más que están a la altura de las circunstancias junto a sus vecinos y vecinas.