Decreto de escolarización

Pregunta sin respuesta de Felipe López a Imbroda: “si hay más demanda en el ámbito de la concertada, ¿usted va a cerrar plazas en la pública?”

El parlamentario socialista ha mostrado su sorpresa ante el consejero de Educación por la modificación que va a realizar a través del decreto de escolarización: “si no hay un problema con la educación pública, ¿por qué hay que modificarla?”

Felipe López, durante su intervención.

El parlamentario socialista, Felipe López, le ha preguntado al consejero Imbroda si va a cerrar plazas en la pública al incrementarse la demanda de la educación concertada. Una cuestión formulada en la sesión plenaria del Parlamento de Andalucía, en el contexto del debate del decreto de escolarización que va a impulsar la Junta de derechas.

“¿Cómo va a reaccionar? Usted se va a acomodar en la demanda social para a continuación tomar decisiones que vayan en la dirección de generar mayores oportunidades para el negocio”, explica López.

El parlamentario del PSOE ha analizado la situación y le ha preguntado al consejero que si no existe un problema con la educación pública en Andalucía, “¿por qué realizan una modificación? Usted dice que no lo entendemos, pero los hechos son lamentablemente más contundentes que las palabras”.

De esta forma, Felipe López indica que la Junta de las derechas está “modificando las reglas de juego para resolver un problema que no existe”. Por tanto, se cuestiona “¿qué objetivo pretenden?”

López asegura que Imbroda ofendió a padres y madres, a profesores y trabajadores de la educación pública, “pensando que eran fáciles presas de esta oposición, y que según ustedes los estamos manipulando”. Y argumenta que “ustedes dicen que es una huelga ideológica, pero la realidad es que se trata de una reacción defensiva a un movimiento ideológico promulgado por un gobierno de derechas”.

A raíz de lo anterior, matiza que Imbroda tiene un propósito no confesado y recuerda “la bajada de impuestos a los privilegiados, tratando de modificar lo que dice el artículo 31 de la Constitución”. “Ahora quieren modificar el artículo 1, que dice que el contrato social es lo que tiene que acabar orientando la acción del conjunto de las administraciones públicas”.

Con todo, Felipe López explica que PP y Ciudadanos “quieren cambiar ese contrato social por un contrato mercantil, de manera de que cada uno tenga aquellos servicios que cada bolsillo pueda costear”. Tratan de “abrir un espacio de posibilidades para aquellos que tienen asegurado una parte de negocio, e intentar que tengan más negocio en un futuro”.

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