JAÉN CONSUMA… EL CAMBIO A PEOR
A mediados de enero la Junta de derechas que gobierna Andalucía cumplirá 1 año de gestión. Un gobierno integrado por PP y Ciudadanos, pero sostenido de manera vital por el grupo de ultraderecha Vox, que mantiene al presidente y a sus consejeros con respiración asistida. Un Gobierno de derechas en mano de la ultraderecha no es una buena tarjeta de presentación ni en España, ni en Europa, ni en los hogares de millones de andaluces que llevan en su ADN el carácter de una tierra abierta, tolerante, progresista y amante del respeto y de la convivencia.
Las peores previsiones han ido confirmándose a lo largo de estos 11 duros meses en los que el Gobierno andaluz ha pregonado un cambio que ha resultado ser un cambio a peor. Podemos afirmar sin temor a equivocarnos que hoy se vive un poco peor que en enero de 2019. Lo decimos sin demagogia ni pretensiones de generar alarmas apocalípticas, pero es indiscutible que en tan corte espacio de tiempo se ha producido una sustancial merma de los derechos, las políticas sociales y los servicios públicos en nuestra comunidad autónoma. Y lo que es peor, se ha alimentado un ambiente enrarecido al dar alas a los postulados de la extrema derecha, a postulados que nos intentan llevar al enfrentamiento y a la crispación, que alientan un discurso xenófobo y de odio, y que incluso se atreven a poner en duda y deslegitimar la naturaleza de la lucha contra la violencia de género. Se están alcanzando unos niveles de infamia difíciles de soportar.
Las derechas prometieron crear 600.000 empleos en Andalucía y ya ese objetivo está totalmente descartado tras ser atribuido por el propio gobierno andaluz a un calentón electoralista. Las derechas prometieron una bajada masiva de impuestos y sólo la han llevado a cabo con las grandes fortunas, puesto que las clases medias y trabajadoras pagarán este 2020 una media de 100 euros más en impuestos. Las derechas prometieron un trato favorable a la provincia de Jaén y hoy estamos comprobando que todo ha sido un engaño masivo. De los 3 planes que comprometieron para relanzar las inversiones extraordinarias, impulsar las infraestructuras y reactivar la industrialización, hoy no hay ninguno en marcha. Ni siquiera aparecen en los presupuestos.
Con Jaén se han limitado a vivir de las rentas, a sacar partido de la buena herencia que dejó el PSOE, esa herencia recibida que siempre han intentado desprestigiar pero que les ha salvado en su primer año. Herencia recibida es el Hospital de Cazorla, que han abierto parcialmente casi un año después; herencia recibida son las ayudas a las comunidades regantes, a los jóvenes agricultores, a la rehabilitación de viviendas y a las zonas en riesgo de exclusión social. Herencia recibida es el Tranvía, obra eminentemente socialista, o la rehabilitación del Ayuntamiento de Linares, también con autoría de los anteriores gobiernos del PSOE. Ni un solo proyecto nuevo; muchas actuaciones que se encontraron en marcha, paralizadas, como la Autovía del Olivar; y muchas promesas electorales, como las autovías de Torredonjimeno-El Carpio y Fuerte del Rey-Andújar, incumplidas. Ése es el resumen de la gestión de las derechas.
Un resumen que se adereza con algunas de las mayores felonías cometidas contra los servicios públicos en la provincia. Se ha reducido el empleo público docente, se han recortado 51 unidades educativas en la provincia y se ha suspendido el servicio de comedor escolar en 37 colegios. En sanidad, hay una alarmante falta de personal que impide operar al ritmo debido, por lo que las plantas de hospitales no se llenan, las listas de espera se alargan, la gente espera en sus casas a que les llamen y las citas médicas para consulta con el especialista empiezan a tardar 15 meses en producirse. A este desatino se han sumado el colapso en las ITV por la falta de personal o la decisión de la Junta de finiquitar la atención en centros de día para mayores y discapacitados en fines de semana y festivos. Este escenario convulso nos debe poner en guardia para afrontar un combativo 2020 donde demos la batalla, en el Parlamento y en la calle, para impedir que continúe esta sangría de derechos y servicios públicos.