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Torres denuncia que Jaén es “la provincia más maltratada” por la Junta en materia de infraestructuras judiciales

Mar 4, 2026

El parlamentario Víctor Torres denunció hoy que Jaén es “la provincia más maltratada, más ninguneada y menos prioritaria” para la Junta de Andalucía en materia de infraestructuras judiciales. En la Comisión de Justicia, Torres preguntó “cuándo va a licitarse la Ciudad de la Justicia”, puesto que el problema al que se aferraba la Junta era que faltaba un informe de la Comisión de Cuentas. “Ahora que ya lo tienen desde hace semanas, ¿dónde está el informe de la Oficina Andaluza de Evaluación Financiera, que depende de la Consejería? La realidad es que sigue sin haber nada sobre la Ciudad de la Justicia”, apostilló.

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​​Sobre el Juzgado de Villacarrillo, ironizó: “Con lo que han echado en la hucha presupuestaria desde el año 2020, se podrían haber comprado Villacarrillo entero. Lo llevan presupuestando a razón de 500.000 euros al año y ya han ido 7 veces a Villacarrillo para decir que ya va a estar el Juzgado. Pero es que no hay credibilidad ninguna, la han agotado toda”.

Torres también se refirió en Linares al bloqueo de la cesión de la Universidad, porque tampoco “hay absolutamente nada” en esa ciudad. Sobre Alcalá la Real, única ciudad que dejaron fuera del plan de infraestructuras, han firmado después un protocolo “y ahora a ver si encuentran un solar para hacer un nuevo juzgado”.

“En Úbeda no lograron engañar a la alcaldesa y a la Diputación para que les pagaran y construyeran el juzgado. Así que han pasado de proponer la unión de sedes judiciales a hacer una inversioncilla de 200.000 euros para poner unas placas solares. Y en Martos, una rampa, que era necesaria, pero que allí están hacinados, como ha podido ver el propio consejero”, abundó.

El parlamentario resumió que en la Junta hay “mucha publicidad y mucha propaganda”, pero recordó que “sin presupuesto no hay nada”. En este sentido, apuntó que la Consejería de Justicia es “la cenicienta del Consejo de Gobierno”, porque cada vez tiene menos presupuesto, pasando de unos escasos 73 millones para infraestructuras judiciales en 2024 a poco más de 55 millones en 2025 y apenas 36 millones en 2026.

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