Incumplimiento de la Junta
El PSOE exige a la Junta que acometa de una vez la segunda fase del Poblado Vadillo Castril
El parlamentario socialista Jacinto Viedma exigió hoy a la Junta de Andalucía que acometa de una vez la segunda fase del proyecto de reurbanización del poblado de Vadillo-Castril en Cazorla y lamentó que lleve 7 años sin hacer nada, “sólo visitas y galerías fotográficas dentro de ese autobombo que tanto practica” el Gobierno andaluz.
En la Comisión de Hacienda y Fondos Europeos, Viedma recordó que éste es un proyecto “con sello socialista”, puesto que en 2016 la Junta de Andalucía abordó la primera fase de la reurbanización con una inversión de 640.000 euros. Así, se procedió a ejecutar actuaciones para mejora de zonas verdes, sustitución de las instalaciones eléctricas, modernización de la red de saneamiento, depuración de aguas y mejora de las telecomunicaciones con la reforma del sistema de telefonía.
“Es un proyecto fruto de la herencia que el PP recibió de un Gobierno socialista y desde 2019 la Junta no ha hecho nada por continuarlo”, afeó. Viedma subrayó que este proyecto permitiría “impulsar el turismo, la riqueza y el empleo en el Parque Natural, que es lo que están esperando las familias que viven el poblado”.
El parlamentario explicó que la iniciativa tiene su origen a finales de 2011, cuando el Ayuntamiento de Cazorla y la Junta firmaron un convenio urbanístico para la gestión del poblado después de que dejara de funcionar el aserradero. Ese poblado, dentro del Parque Natural, se creó en torno a esta actividad para fabricar traviesas de las vías férreas a principios del siglo XX. El poblado tenía 31 viviendas y varios edificios complementarios.
En 2015, se encomendó el convenio a la agenda AVRA para que desarrollara y regularizara las edificaciones, excepto el antiguo aserradero, que sería destinado a Centro de Interpretación de la Cultura de la Madera. AVRA delimitó parcelas, zonas verdes, viales y edificios, inició el proceso administrativo de regularización de viviendas y comenzó el proceso para la venta en oferta pública de los demás bienes inmuebles, autorizando la enajenación directa de 20 viviendas.
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