Colapso total del CMAC por la falta de personal

La Junta dejó sin resolver 251 actos de conciliación en Jaén entre 2024 y 2025

El Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación (CMAC) de la Junta de Andalucía dejó sin resolver 251 actos de conciliación entre 2024 y 2025, según los propios datos oficiales que reconoce el Gobierno andaluz.

De esta manera, se confirma “el colapso total” en que Juanma Moreno ha sumido este Centro en la provincia de Jaén por la falta de recursos para atender los casos. En respuesta parlamentaria, la Junta admite que a fecha 25 de febrero había emitido un total de 251 certificados de imposibilidad de celebración de acto de conciliación, de los cuales 81 correspondían a 2024 y 170 a 2025.

“Son datos vergonzosos que demuestran la indolencia premeditada de la Junta de Andalucía para deteriorar gravemente este servicio, que cumple una función fundamental como es intentar una conciliación entre empresa y trabajadores antes de llegar a una demanda judicial”, lamenta Víctor Torres.

El parlamentario socialista indica que la respuesta parlamentaria de la Junta “es aún más reveladora”, puesto que reconoce de las 8 plazas que contempla la RPT del CMAC, “tan sólo hay 2 ocupadas, las de administrativos”. La Junta señala en su contestación que tanto el Departamento CMAC como el Negociado de Actas, Estatutos y Convenios “están vacantes desde 2024”. De las 3 plazas de letrado en RPT, tan sólo se ha dotado una de ellas, pero ni siquiera está cubierta.

“Es un panorama desolador”, sentencia Torres, quien exige a la Junta que “deje de escurrir el bulto y se ponga manos a la obra para reactivar la labor del CMAC con los recursos humanos que sean necesarios”.

Recalca que los trabajadores se ven muy perjudicados por esta pésima gestión del Gobierno andaluz, ya que “sufren retrasos en la resolución de su problema laboral, tienen que gastar el dinero en abogados y, muchas veces, cuando llegan al Juzgado la empresa ya no existe o es insolvente”. A esto añadió la carga para las arcas públicas, puesto que “son todos los contribuyentes los que al final tienen que acabar pagando esos salarios a través del Fogasa”.