Menos solicitudes y menos beneficiarios que en diciembre de 2023 por el bloqueo de la Junta

Ruiz Espejo hizo estas declaraciones antes de mantener una reunión con Fejidif en su sede de Jaén. El parlamentario socialista pidió “un gran acuerdo a la Junta por la viabilidad del sistema de cuidados y por la Ley de Dependencia”, un acuerdo que “tiene que ver con la apuesta por un modelo basado en la calidad y centrado en las personas”, donde haya “una revisión anual del incremento de los costes y que el precio de los servicios esté asimilado a su coste real, garantizando la viabilidad y sostenibilidad de las prestaciones y de las entidades que prestan esos servicios”.

El responsable socialista dijo en este sentido que comparte las reivindicaciones de CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) a la Junta de Andalucía “para la viabilidad del sistema de cuidados”, algo que también afecta a más de 5.700 personas que están en centros de día y residencias de mayores y discapacitados en la provincia de Jaén.

En primer lugar, defendió esas peticiones en materia de financiación de programas, servicios y mantenimiento de entidades que prestan esos servicios a personas con discapacidad. En concreto, abogó por recuperar la financiación que había en 2016 para esta materia, puesto que en la actualidad representa “un 40% menos que ese año”. En segundo lugar, solicitó un estudio sobre los costos reales de los servicios que se prestan en la Ley de Dependencia, para que el precio de esos conciertos “sea asimilado al costo real y mantengamos calidad, personal cualificado y bienestar para las personas atendidas”. En definitiva, se trata de “analizar un nuevo modelo de concierto social que prevea la actualización del coste de estos servicios conforme a unos datos objetivos para que no se resientan anualmente”.

En esta línea, reclamó a la Junta de Andalucía un incremento para este 2024, puesto que ese aumento “no puede ser el del 4,5% desde mayo”, cuando los costes reales del incremento “están por encima del 11%”. “La Junta debe hacer un esfuerzo ya en 2024”, exigió.

Por su parte, la presidenta de FEJIDIF, Pilar Martínez, pidió un cambio de modelo “que haga posible que los Presupuestos de la Junta de Andalucía puedan valorar la subida de al menos ese 12% que llevamos arrastrando desde la pandemia”. Martínez advirtió que esta merma en la financiación ha ido “estrechando la musculatura” de las entidades y también mermando su capacidad “de dirigirse a la población con discapacidad para trabajar por la inclusión social y la igualdad de oportunidades”. “Nos vemos con muchísimas dificultades para llegar a final de mes”, reconoció.

La responsable de FEJDIF explicó que hay dos vías de reivindicación, una sobre los servicios concertados que no tienen una subida aparejada a los costes y otra sobre las entidades que atienden a personas que están por debajo del 65% de discapacidad. Alertó de que hay un aspecto “grave” y tal vez “irrecuperable”, porque “se han perdido muchas asociaciones en la provincia de Jaén” y que especialmente “ha sido terrible en el medio rural”.

Recordó que la labor de estas entidades “es una forma de fijar población al territorio y generar empleo directo especializado”. Sin embargo, hay una asociación entre el nivel de financiación que llega a la provincia y la población que ésta tiene, una asociación “que juega en nuestra contra”, porque una parte de la población se va fuera de la provincia “y nosotros sufrimos los recortes por esa población que se va”.