El PSOE muestra su apoyo a la Plataforma de Afectados de cara a la concentración del 9 de octubre
Juanma Moreno sigue sin pagar al 95% de los jóvenes que solicitaron el Bono de Alquiler Joven
El parlamentario socialista Víctor Torres denunció hoy que prácticamente el 95% de los jóvenes que solicitaron el Bono de Alquiler Joven “todavía no ha recibido ni un solo euro de una ayuda que tenía que ser con carácter mensual” y reprochó a la Junta de Andalucía su “inoperancia” en la gestión de esta ayuda que está financiada por el Gobierno de España. “Desde hace meses, Juanma Moreno tiene 68 millones de euros para pagar este Bono, que era una ayuda mensual para los jóvenes durante 2022 y 2023. Estamos ya en el último trimestre de 2023, es decir, el último de todo el periodo subvencionable y prácticamente nadie ha recibido esta ayuda”, criticó.
Torres hizo estas declaraciones antes de mantener una reunión con la Plataforma de Afectados por el Bono de Alquiler Joven, a la que trasladó todo el apoyo del PSOE de cara a la concentración prevista para el próximo lunes 9 de octubre. “Son ya 11 meses desde que salió la convocatoria y 17.000 solicitudes en Andalucía que la Junta todavía no ha sido capaz de resolver”, censuró.
El parlamentario señaló que el PSOE ha presentado 10 iniciativas parlamentarias en todo este tiempo, pero “la realidad es que no hay ninguna respuesta de la consejera”. Añadió que hay dos formas de entender la política para facilitar la emancipación de los jóvenes. Los Gobiernos progresistas “adoptamos medidas y ponemos recursos económicos”, como es este caso, mientras que los gobiernos del PP, como el de Andalucía, “no sólo demuestran su inoperancia a la hora de gestionar las ayudas, sino que también evidencian que no tienen ninguna voluntad de contribuir con sus propios recursos a complementar este Bono”. “Juanma Moreno podría haber incrementado esta ayuda en un 20% y Andalucía podría haber recibido más financiación, pero no ha hecho nada de esto”, afeó.
Por su parte, la coordinadora de la Plataforma en la provincia de Jaén, Valentina Valencia, explicó que hay más de 800 jiennenses que solicitaron esta ayuda y que se han visto obligados a movilizarse “porque hace 22 meses salieron las bases del Bono, hace 11 meses se activó la plataforma para pedir la ayuda en Andalucía, siendo la última comunidad autónoma en ponerla en marcha, y no tenemos ningún tipo de respuesta”. “Es frustrante que mes tras mes no hayamos tenido ninguna noticia”, dijo Valencia, quien añadió que “cuando decidimos movilizarnos es cuando salen listas de resoluciones y la consejera nos dice que hay un 36% de resoluciones”. Sin embargo, advirtió que son sólo resoluciones y que “la realidad es que ese 36% no ha cobrado las ayudas”. “Hay muy pocas personas que hayan cobrado. De las más de 200 que están en nuestras redes, sólo 5 han cobrado”, apuntó.
Así las cosas, manifestó que la situación es “indignante”, porque éstas eran ayudas para facilitar el acceso a la vivienda a jóvenes con pocos recursos, jóvenes que “estamos trabajando y que no estamos pidiendo ninguna caridad”. “Estamos en situación de precariedad, con el acceso a la vivienda cada vez más complicado, con una inflación en el alquiler que es imposible de asumir. Y se está negando la relevancia que tienen estas ayudas para nosotros”, aseveró.
En este punto, cuestionó “de qué nos sirve recibir todo el dinero al final, cuando la necesidad la tenemos ahora” y cuando esta ayuda “debería ser mensual, como un desahogo y un respiro”. “Recibir al final 5.000 o 6.000 euros no es la naturaleza de la ayuda que se manifiesta en las bases”, puntualizó. Por ello, pidió “respeto”, porque ese Bono “no se pide por capricho, sino por necesidad”, porque “es muy difícil emanciparse” y hay personas “con jornada parcial, contratos temporales o que han tenido hijos” que tienen muy difícil contar con vivienda.
Igualmente, Valencia rechazó que la Junta de Andalucía “eche balones fuera hacia gobiernos anteriores o hacia el Gobierno central” y reiteró que es “sorprendente” que todavía no hayan resuelto las solicitudes de esta provincia, que son menos de 1.000. Además, criticó que se estén resolviendo antes solicitudes de una sola persona que de unidades familiares. “Nos dicen que es más complejo revisar dos expedientes, cuando las bases decían que se resolverían por estricto orden de entrada”, sentenció.