Ley necesaria

Satisfacción por la aprobación de la Ley de Ciencia que garantizará financiación y estabilidad para los investigadores

El Pleno del Senado aprobó ayer la nueva Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación con el objeto de fortalecer este sector en nuestro país. La ley dignifica las condiciones de trabajo del personal investigador, disminuye los trámites administrativos en la gestión científica y garantiza por primera vez una financiación pública de la I+D+I estable y creciente, con el objetivo de que alcance el 1,25% del PIB en 2030, de conformidad con el Pacto de la Ciencia y la Innovación. La ley, que contó con 236 votos a favor, 2 en contra y 16 abstenciones, volverá al Congreso para su aprobación definitiva.

Alejandro Zubeldia y Jose Latorre, ponentes de la Ley

El portavoz de Ciencia del PSOE y senador por Jaén, Jose Latorre, afirma que es una norma “con claro sello socialdemócrata” y destaca el amplio consenso y apoyo mayoritario a la ley, así como el trabajado proceso de diálogo del Gobierno con universidades, sindicatos, empresarios, rectores y grupos políticos para elaborarla. Asegura que esta nueva Ley “se la debíamos al conjunto de la sociedad, al sistema y a todos nuestros investigadores e investigadoras, porque ahora creamos una carrera científica estable en la que el contrato indefinido es la norma y no la excepción”.

El texto aprobado garantiza nuevos derechos laborales a los jóvenes investigadores, y recoge una nueva modalidad de contrato indefinido vinculado al desarrollo de las actividades científico-técnicas para personal de investigación, así como un nuevo itinerario postdoctoral que busca adelantar y facilitar la entrada al sistema.

La norma diseña un nuevo contrato de hasta 6 años, con una evaluación intermedia que conlleva promoción y una evaluación final, que permite obtener el nuevo certificado R3. Este certificado facilitará consolidar una plaza permanente porque se exime de parte de las pruebas de acceso y porque se reserva un mínimo del 25% en las plazas en los organismos públicos de investigación y del 15% en universidades.

El proyecto de ley también garantiza nuevos derechos laborales a los jóvenes investigadores e investigadoras de nuestro país como una indemnización por finalización de los contratos predoctorales y postdoctorales.

También incluye medidas para estimular la atracción de talento a España y la movilidad del personal de investigación, lo que supone más reconocimiento para este colectivo. De este modo, los quinquenios del personal de investigación de los Organismos Públicos de Investigación (OPIS) evaluarán y reconocerán por primera vez todos los méritos de investigación realizados anteriormente en el sector público y en cualquier universidad, tanto en España como en el extranjero. Hasta el momento, los quinquenios solo reconocían la experiencia en los OPIS de nuestro país.

Asimismo, la norma redefine el contrato del investigador distinguido para atraer personal científico de prestigio a España. El personal técnico de Organismos Públicos de Investigación adquiere nuevos derechos, como la posibilidad de movilidad profesional, de estancias formativas temporales o de colaboración en empresas tecnológicas.

Por su parte, se mandata a las comunidades autónomas para que incorporen categorías específicas de investigador sanitario en su personal estatutario y desarrollen su carrera profesional en términos similares al resto de personal de investigación.

Otros ejes del proyecto de Ley son la reducción de las cargas administrativas del sector de I+D+i facilitando el proceso de subvenciones, el refuerzo de la transferencia de conocimiento, el impulso al sector público como agente emprendedor y la creación de la Agencia Espacial Española.

La nueva Ley de Ciencia también pretende acabar con la desigualdad existente en el ámbito de la I+D+i. Dará seguridad jurídica a la igualdad de género, que será un eje transversal en la planificación, habrá un plan de igualdad y protocolos frente al acoso sexual y medidas para acabar con el sesgo de género.

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