Educación

El PSOE manifiesta su preocupación por la “privatización encubierta” que la Junta está provocando en la educación andaluza

Jacinto Viedma lamenta que el Gobierno de Moreno Bonilla haya “cerrado colegios, escuelas infantiles y 125 unidades infantiles de Infantil y Primaria en la provincia de Jaén”, por lo que hay que “dar a conocer y poner en valor la labor que desarrollan los centros educativos públicos en nuestra tierra”

Jacinto Viedma

El parlamentario Jacinto Viedma ha manifestado su preocupación “por la privatización encubierta” que la Junta de Andalucía está provocando en la educación andaluza. Ante esta estrategia del Gobierno de las derechas, el parlamentario considera que hay que “dar a conocer y poner en valor la labor que desarrollan los centros educativos públicos en Andalucía”.

En la Comisión de Educación del Parlamento Andaluz, Jacinto Viedma ha lamentado “la pérdida de alumnado en los centros públicos de la provincia de Jaén” y ha acusado a la Consejería de Educación de “rematar la faena cerrando colegios, escuelas infantiles y suprimiendo unidades”. De esta forma, concreta que “en los últimos tres cursos académicos, la provincia de Jaén ha perdido un total de 125 unidades de Infantil y Primaria”.

Desgranando por localidades, el Gobierno de Moreno Bonilla ha cerrado el colegio Muñoz Garnica, la Escuela Infantil Santa Catalina y 33 unidades de Infantil y Primaria. Linares ha perdido 14 unidades, mientras que en Úbeda se han eliminado 9, en La Carolina 6 y en Andújar, Mengíbar, Torredelcampo, Martos, Jódar y Bailén, una en cada municipio.

A todo ello, “hay que sumarle las ratios altas a pesar de la pandemia, la falta de diálogo con los equipos directivos, el recorte del profesorado de refuerzo por el Covid, la supresión de monitores para el alumnado con necesidades educativas especiales, la suspensión del servicio de comedor escolar durante dos cursos en 40 colegios de Jaén y un Gobierno que llegó al inicio del presente curso con el transporte escolar en el aire”.

Viedma recuerda que esta situación se agravó con el Decreto de Escolarización que la Junta de Andalucía aprobó en febrero de 2020. Una medida que, a pesar de contar con el rechazo unánime de la comunidad educativa y la posterior huelga en marzo del mismo año, “perjudica claramente a los centros públicos” porque provoca una competencia dentro colegios, claustros y familias a la hora de efectuar la matriculación de los menores. Asimismo, “favorece y refuerza el trasvase de la escolarización pública a la privada-concertada, relegando a los colegios públicos a un papel complementario”.

Con todo, subraya que “no solamente desde el ámbito político, sino que desde el mundo académico y universitario se viene denunciando la situación objetiva de tendencia hacia la privatización de la educación y, por tanto, de debilitamiento de la oferta, la extensión y la calidad de la escuela pública”.