En el próximo pleno de la Diputación

El PSOE reclama la creación de nuevos órganos judiciales en la provincia de Jaén

El Grupo Socialista presentará otra moción en el próximo pleno de la Diputación en la que exigirá a la Junta de Andalucía que garantice “la universalidad en el acceso al Sistema Público de Servicios Sociales a través de la correcta distribución de los créditos procedentes del Estado”​

Pilar Parra

El Partido Socialista va a trasladar al próximo pleno de la Diputación de Jaén una moción para pedir a la Junta de Andalucía la urgente creación de nuevos órganos judiciales en la provincia jiennense, con el fin de “aliviar la excesiva carga de trabajo que no termina de desaparecer año tras año”.

Así lo apunta la portavoz del Grupo Socialista, Pilar Parra, quien argumenta que “por séptimo año consecutivo, en los distintos órganos judiciales ubicados en la provincia de Jaén se sigue superando la carga de trabajo admitida en los módulos del CGPJ para este tipo de órganos judiciales, lo que provoca un constante retraso en las actuaciones judiciales”.

En cifras, este dato se traduce en un 125% en los Juzgados de lo Penal, un 75% en la Sección Civil de la Audiencia Provincial, un 45% en Juzgados de 1ª Instancia, un 8% en los Juzgados de lo Social, además de diferentes incrementos sobre la carga de trabajo establecida en los Juzgados Mixtos de localidades como Andújar, Baeza, Linares, Martos, Úbeda y Villacarrillo.

Asimismo, la portavoz socialista matiza que “es necesaria la unificación de sedes dispersas en Jaén, Úbeda y Linares, además de una inversión en las infraestructuras judiciales que hagan de los diferentes órganos judiciales edificios funcionales para la prestación de un servicio público de justicia por parte de los trabajadores y trabajadoras de la Administración de Justicia en la provincia de Jaén. Esto redundaría en un mejor acceso de la ciudadanía y profesionales a éste servicio público de Justicia”.

Por otro lado, el PSOE va a exigir a la Junta de Andalucía que garantice “la universalidad en el acceso al Sistema Público de Servicios Sociales a través de la correcta distribución de los créditos procedentes del Gobierno de España y que el incremento del 22,87% sea real y efectivo”, reivindica Pilar Parra.

En 2021, la aportación del Estado se ha visto incrementada en 59.110.000 euros, pasando de 39.600.000 euros a 98.710.000 euros. Esta cifra va a suponer para Andalucía un aumento de 10.098.487 euros, pasando de 7.797.636 a 17.896.123 euros. La aportación autonómica será la que determinen los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y los créditos para la financiación de los Servicios Sociales Comunitarios serán distribuidos entre las Diputaciones Provinciales y los Ayuntamientos de municipios de Andalucía con población superior a veinte mil habitantes.

Sin embargo, Parra explica que en el ejercicio de 2021 el Gobierno andaluz establece la distribución de las cantidades a percibir por las entidades locales en un importe de 41.750.905 euros, frente a los 33.979.529 euros de 2020, la misma cuantía de 2019 y de 2018. “La Junta asegura que la aportación para 2021 supone un incremento del 22,87% respecto al ejercicio anterior, algo que no es así ya que se incorpora la cantidad asignada el pasado año a la financiación del refuerzo de los servicios sociales comunitarios en el desarrollo de las competencias atribuidas en materia de renta mínima de inserción social, que en 2020 ascendió a 7.771.376 euros, cuyos créditos se distribuyen entre ayuntamientos de municipios con población superior a 20.000 habitantes y Diputaciones Provinciales, al objeto de financiar el refuerzo de los servicios sociales comunitarios en el desarrollo de las competencias atribuidas en materia de renta mínima de inserción social”.

Como consecuencia, “173 profesionales de trabajo social y 249 auxiliares corren el riesgo de ver finalizados sus contratos, al no existir una transferencia finalista para tal fin, lo que dificultará la tramitación de los expedientes de renta mínima de inserción social en Andalucía, ya que los contratos tienen como fecha máxima el 30 de junio de 2021”.