En Comisión de Agricultura

El PSOE advierte a la Junta que la reanudación de la actividad de la cantera de La Quebrada “está en su tejado y es de su plena y total competencia”

Mercedes Gámez reclama a la consejera de Agricultura que no autorice la expropiación de terrenos. “Pretenden expropiar al Ayuntamiento un monte público, quitárselo a los vecinos de Jaén y dárselo a un privado para que obtenga un beneficio particular y provoque un daño público”, resume

Mercedes Gámez

El PSOE de Jaén exige a la Junta de Andalucía que no autorice la expropiación de terrenos para reanudar la actividad minera en la cantera de La Quebrada y le recuerda que este asunto “es de su plena y total competencia”. La parlamentaria socialista Mercedes Gámez preguntó directamente a la consejera de Agricultura “de qué lado está” en esta cuestión, con la que se pretende “reanudar una actividad minera que está causando un irreparable daño medioambiental”.

En la Comisión de Agricultura del Parlamento, Gámez recordó a Crespo que “se pretende expropiar al Ayuntamiento un monte público, que es un bien demanial, inembargable y por lo tanto inexpropiable, que se le va a quitar a los vecinos y vecinas de Jaén un monte público para dárselo a un privado que obtenga un beneficio particular y provoque un daño público”. “Las ganancias para la empresa y el daño para los jiennenses”, resumió Gámez antes de preguntar “¿de qué lado está la Junta?”.

La parlamentaria recalcó que “la pelota está en el tejado” de la Junta de Andalucía y de la propia Crespo, ya que si la Consejería de Transformación Económica entiende que hay que expropiar, será la Consejería de Agricultura, que tiene las responsabilidades en medio ambiente, “la que tenga que elevar a Consejo de Gobierno esa propuesta”, por lo que el asunto “está dentro de su absoluta competencia”.

Gámez recordó que el Ayuntamiento de Jaén lleva desde los años 70 intentando paralizar la actividad de la cantera, incluso con acuerdos plenarios y decretos, y desde entonces se han sucedido procedimientos judiciales que han llegado en ocasiones hasta el Tribunal Supremo. En la última sentencia del TSJA, en un proceso donde la Junta pretendía declarar caducada la concesión de la explotación, el alto tribunal le dio la razón a la empresa, de modo que “ahora todo queda en manos de la Junta de Andalucía y de su capacidad para autorizar o no la actividad”.

La parlamentaria consideró por tanto un hecho que tanto el Ayuntamiento de Jaén como los vecinos y vecinas de la ciudad “se oponen desde hace años a la continuidad de esta explotación minera”, entre otras cosas “por el daño que se le ha producido al entorno, incluso a elementos que gozaban de protección especial”.

En este contexto, la empresa solicitó a la Junta en 2018 que se expropiaran al Ayuntamiento los terrenos para reanudar la actividad, proceso que quedó paralizado por el procedimiento judicial cuya sentencia se dictó en 2019. En 2020, se remite toda la documentación al departamento de Minas de la Junta de Andalucía para que se pronuncie sobre la prevalencia minera, “al parecer con un informe en dicho sentido”. “Sin embargo, al Ayuntamiento no se le ha notificado nada. Les quieren expropiar y no les ha notificado. Quieren autorizar una actividad que daña su patrimonio y a la que se oponen, y no se lo han notificado”, reprochó Gámez a la Junta.