ANDALUCÍA, LABORATORIO DE LOS HORRORES PARA LA EDUCACIÓN PÚBLICA
La educación es un pilar fundamental para sentar las bases del futuro de nuestro país. Forma y capacita a nuestros jóvenes, les instruye, les da conocimiento y les facilita herramientas para afrontar los retos del porvenir. Al mismo tiempo, la educación tiene una dimensión global que hace crecer a una sociedad y a un país, tanto en una vertiente de valores y principios, como en una vertiente de innovación, desarrollo y competitividad de su tejido productivo. De ahí la consideración clave de una educación pública que sea elemento favorecedor de la igualdad de oportunidades, que permita a todas las familias acceder al sistema y que ningún joven pueda ver truncada su trayectoria académica por falta de recursos económicos.
El Gobierno de España entiende perfectamente la importancia de una educación pública fuerte y de calidad. Por eso aprobó la mayor subida de becas de la última década, corrigiendo la flagrante injusticia que el Gobierno del PP había cometido con los jóvenes, recortando cuantías y endureciendo los requisitos para acceder a estas ayudas al estudio. Y por eso ahora ha puesto encima de la mesa una Ley de Educación que, por lo pronto, ha contado con más apoyos parlamentarios de los que tuvo la nefasta Ley Wert del PP.
Una Ley de Educación que busca modernizar el modelo educativo y reforzar el sistema público sin que esto suponga en ningún caso ataque alguno contra otros modelos. El sistema de conciertos educativos se mantiene, de hecho, prácticamente inalterado respecto al que funciona desde 1985. El Gobierno y el PSOE entienden que la enseñanza concertada ha cumplido una buena función dentro del modelo y ambos mantienen su respeto hacia este sector. Las familias siguen teniendo libertad de elección de centro, pero es verdad que se acaba con algunas situaciones privilegiadas o anómalas. Por ejemplo, se prohíbe sufragar con fondos público centros que segreguen por sexo o ceder suelo público a empresas sin trayectoria educativa a las que se concedía previamente el concierto para a continuación construir el colegio. Además, la asignatura de Religión no cuenta para becas o el expediente académico. Todo esto ha parecido irritar mucho a la derecha, que se ha lanzado a una lamentable campaña de manipulación y desinformación (sólo hay que ver las mentiras que han propagado sobre la educación especial, que se mantiene y refuerza).
En el fondo de todo esto subyace algo más importante y más grave: el encarnizado ataque que el PP y las derechas en general han puesto en marcha contra la educación pública. Por eso les molesta esta Ley de Educación. Porque es una ley que se inspira en valores que son justamente los contrarios de los que están defendiendo las derechas donde gobiernan. Lo estamos viendo en Andalucía, convertida en laboratorio de los horrores de la derecha, comunidad en la que están experimentando el deterioro progresivo de la educación pública en beneficio del sector privado. En apenas 2 cursos, la Junta de derechas ha recortado 105 unidades de Infantil y Primaria en los colegios de la provincia de Jaén y ha suspendido el servicio de comedor escolar en 51 colegios, un 36% del total de comedores. Pero es que además retrasaron la concesión de las ayudas contra el absentismo, deterioraron el transporte escolar en algunos núcleos y mantienen una situación de incertidumbre con el servicio de limpieza en los 80 institutos de Secundaria. Es decir, en 2 años todo funciona peor en la educación pública. En cambio, el decreto de escolarización que aprobó la Consejería de Educación hace unos meses, y que motivó una huelga de la comunidad educativa, deja claras las intenciones de las derechas: ir minando la demanda de plazas en los colegios públicos e incrementarla en los centros del sector privado. El caldo de cultivo para futuras supresiones de unidades y cierre de colegios públicos está hecho. En nuestra mano (en la de todos y todas) está impedirlo.