Datos negativos de la EPA
El PSOE exige a la Junta que “asuma su responsabilidad” y apruebe medidas para los 65.000 parados de la provincia
La secretaria de Empleo del PSOE de Jaén, Isabel Uceda, lamenta las cifras negativas arrojadas por la Encuesta de Población Activa en el segundo trimestre del año, con un acusado descenso del número de ocupados, cifras que son “la lógica consecuencia de la crisis de la pandemia”.
Isabel Uceda
Uceda subraya que afortunadamente hay un Gobierno de España que está protegiendo a trabajadores, autónomos y empresarios con una batería de medidas laborales, económicas y sociales que están permitiendo capear el temporal. Sin embargo, la Junta de Andalucía “sigue sumida en la más absoluta indolencia, recortando 7,5 millones de euros a los planes de empleo en la provincia, negándose a aprobar un plan especial de empleo para provincias del interior como Jaén y reduciendo a la mínima expresión las inversiones públicas, especialmente en materia de infraestructuras y carreteras”.
Por ello, exige al Gobierno andaluz “que asuma de una vez su responsabilidad”, porque PP y Ciudadanos tienen “el mando” desde hace casi 2 meses y su obligación es impulsar medidas efectivas para ayudar a los 65.000 desempleados de la provincia. “Lo que no puede ser es que la Junta no apruebe planes especiales de empleo y encima recorte la cuantía de los que ya había”, reprocha.
Uceda valora el compromiso del Gobierno de España “para que nadie se quede atrás” por culpa de la pandemia y recuerda en este sentido que se han aprobado 115.000 prestaciones por desempleo en la provincia de Jaén, que más de 6.000 ERTEs han permitido la protección de 30.000 trabajadores, que cerca de 20.000 autónomos han cobrado la prestación extraordinaria por cese de actividad, y que ha habido también ayudas para trabajadores temporales y empleadas del hogar. Asimismo, más de 4.2000 empresas y autónomos de la provincia han tenido acceso a 456 millones de euros gracias a la línea de avales del ICO.
A esto hay que sumar otras medidas como el ingreso mínimo vital, el aplazamiento de impuestos, la moratoria de hipotecas, la prohibición de cortar la luz, el agua y el gas, la rebaja del sello agrario para 70.000 trabajadores del campo o la reducción del IRPF para olivareros.