Manifestaciones convocadas por VOX | Foto: eldiario.es 

Asistimos con estupor a una escalada de caceroladas, caravanas y algaradas callejeras alentadas por las derechas en España. Nadie sabe muy bien cuál es el objetivo de estas dantescas movilizaciones, más allá de erosionar al Gobierno a costa de una tragedia mundial como la pandemia. Nos encontramos ante la mezquina utilización de una emergencia sanitaria internacional con el fin espurio de atacar y desgastar al Gobierno. Lo nunca visto. Y desde luego lo nunca visto en los países de nuestro entorno, que están sufriendo con similar saña los embates del virus. No se ha visto una oposición tan irresponsable como ésta.

El Gobierno de España está teniendo una actuación correcta, prudente y ajustada a los criterios técnicos y científicos, en sintonía con las directrices de los organismos internacionales y en coordinación con la Unión Europea. Nos van a permitir que nos fiemos más de las autoridades sanitarias, de la Organización Mundial de la Salud y de los expertos en la materia, que de todos estos oportunistas sin escrúpulos que hace unas semanas reprochaban al Gobierno que no hubiera paralizado el país en febrero –cuando todavía no había datos para ello– y que ahora claman por una precipitada vuelta a la normalidad cuando el virus sigue activo y todas las precauciones son pocas en una desescalada que debe ser progresiva y controlada. No se puede dilapidar ahora el tremendo sacrificio que ha hecho la sociedad española para reducir la curva de contagios. La derecha de este país dará un paso de gigante cuando comprenda que en estos momentos no hay votos en juego, sino vidas humanas.

Los que convocan y alientan estas movilizaciones irresponsables –porque ponen en peligro la salud pública– son los mismos que guardan silencio ante su propia gestión de la crisis en Andalucía. Las derechas de PP y Vox, tan escandalizadas con el Gobierno de España, tienen su particular piedra de toque en nuestra comunidad autónoma. Y no salen precisamente bien paradas. Andalucía lidera la tasa de contagios entre los trabajadores sanitarios de todo el país, registra el menor número de test realizados, ha retirado ya 7 lotes de mascarillas defectuosas, se ha visto desbordada por la situación en las residencias de mayores, impuso la mordaza a los profesionales del SAS para que no pudieran denunciar la precariedad de sus medios e incluso ahora les insta a firmar documentos en los que aseguren que estuvieron protegidos durante la pandemia. Una Junta que se ha dedicado a confrontar con el Gobierno en vez de agilizar un plan de recuperación para la comunidad, que se ha gastado 8 millones en publirreportajes propagandísticos, que ha abierto colegios sin consenso ni planes rigurosos de protección y que ha despreciado a presidentes de Diputación y alcaldes y alcaldesas, con los que no ha contado para nada y a cuyos ayuntamientos ha negado recursos para afrontar la crisis.

Leíamos estos días la adversa situación de Suecia, un país europeo que optó por combatir la pandemia con medidas de confinamiento suaves. Lo que al principio se calificaba de ‘milagro’ se ha tornado en ‘pesadilla’ en este país: no ha logrado frenar la caída del PIB y ha encabezado la mortalidad per cápita en Europa. Sin embargo, no hay caceroladas en Suecia. Queremos decir con esto que los Gobiernos afrontan una gestión muy complicada, ante un enemigo desconocido e imprevisible, y que por tanto se cometen errores y aciertos, aquí y en todas partes. Pero no se puede dudar de la buena voluntad de los responsables públicos. No hay caceroladas en Suecia… Y tampoco en Andalucía… Y en este último caso, no faltarían los motivos; lo que sobra es la decencia para saber que no es el momento.