Pleno de Diputación

PSOE, UGT y CCOO presentan una moción en defensa de Correos frente a la “liquidación” iniciada por el Gobierno del PP

El Grupo Socialista de la Diputación Provincial ha registrado una moción para su debate en el próximo pleno en la que rechaza los recortes en Correos y exige al Gobierno de España que garantice la viabilidad del servicio postal con una financiación suficiente, con la aprobación de un plan estratégico y con el desbloqueo del convenio colectivo. La iniciativa se ha presentado a propuesta de los sindicatos CCOO y UGT, quienes alertan de que la empresa ha recortado más de 200 empleos en la provincia de Jaén

Cantero, Parra y Salazar

La portavoz del PSOE, Pilar Parra, denunció que el Gobierno de España ha iniciado “la liquidación” del servicio público postal. “Es un nuevo clavo que mete el PP en el ataúd de la España rural. Estos recortes económicos son también recortes ideológicos. Es la estrategia que el PP ha mantenido con la educación o la sanidad. Primero recorta, deteriora y devalúa los servicios públicos a los ojos de los ciudadanos; y posteriormente abre la puerta a la iniciativa privada y quien pueda, que se lo pague”, criticó.

El secretario general de CCOO Jaén, Francisco Cantero, explicó que el servicio postal de Jaén ha perdido 200 empleos desde 2012 y que en 2017 hubo un recorte de 120 millones, al que hay que sumar otro recorte de 250 millones de euros que se avecina en los nuevos Presupuestos Generales del Estado para 2018. “Esto conlleva pérdida de puestos de trabajo, mala calidad del servicio y sobrecarga de los trabajadores y trabajadores. Estamos perdiendo población a chorros y esto no ayuda. Tenemos oficinas que han perdido la mitad de trabajadores y ninguna empresa se va a instalar en un municipio que tenga un servicio postal deficiente”, advirtió.

Por su parte, el secretario general UGT Jaén, Manuel Salazar, alertó que “si hay una provincia a la que va a afectar el recorte en Correos, ésa es la provincia de Jaén”, ya que es un territorio amplio con muchos núcleos diseminados. De hecho, hay zonas como Cazorla o Segura que “ya se están viendo afectadas”. Además, aludió a la situación de “exclusión” en la que se van a ver los pueblos con el cierre de oficinas financieras, la pérdida de escolares y la consecuente pérdida de maestros, la reducción de servicios básicos o ahora el cierre de Correos. “Si cierran Correos, ¿quién va a querer vivir en un pueblo rural? Es un servicio esencial y esta provincia no puede seguir perdiendo población”, consideró.

En concreto, la moción propone rechazar el recorte de financiación que afectará especialmente al medio rural y que contribuirá por tanto a la desigualdad entre grandes y pequeños centros de población. Insta al Gobierno de España a corregir en el trámite parlamentario de los Presupuestos Generales del Estado el recorte que se está aplicando en Correos, que ya está teniendo “consecuencias claramente negativas” para la ciudadanía y para su trabajadores y trabajadores. De manera específica, se solicita la restitución de los 120 millones de euros que fueron recortados en 2017.

Además, se insta al Ministerio de Hacienda, propietario de Correos, a aprobar un Plan Estratégico que permita su adaptación empresarial a las necesidades de la ciudadanía, así como a garantizar la plantilla suficiente para la prestación adecuada del servicio. También se reclama el desbloqueo del convenio colectivo y acuerdo funcionarial, “bloqueado desde hace más de 4 años” a pesar de tratarse de la mayor empresa pública de España, con casi 60.000 trabajadores.

En la provincia de Jaén, sus actuales 500 trabajadores y trabajadores están sufriendo un agravamiento de sus condiciones laborales, ya que no se cubren los permisos ni las bajas por enfermedad. A esto hay que sumar la desaparición o recorte del reparto domiciliario, el cierre de oficinas en zonas rurales, la reducción de horarios de atención al público o la supresión de puestos de ámbito rural. Las zonas más afectadas son las comarcas de Cazorla, Segura, El Condado, Andújar y Sierra Morena. Los ajustes podrían implicar la desaparición de otros 200 carteros en la provincia.