Nefasta gestión

Sicilia acusa al Gobierno de no hacer “absolutamente nada” para dar una solución a los agricultores afectados por las valoraciones injustas del IBI rural

El portavoz de Agricultura del PSOE en el Congreso critica la “nefasta gestión” del PP en este asunto a pesar de que instituciones, organizaciones agrarias y partidos políticos llevan meses advirtiendo de la situación

El portavoz de Agricultura del PSOE en el Congreso, Felipe Sicilia, denuncia que el Gobierno del PP “no ha hecho absolutamente nada para dar una solución a los agricultores” respecto a las valoraciones “excesivas e injustas” de las construcciones rústicas como consecuencia del procedimiento de regulación catastral 2013-2016 que el Gobierno del PP aprobó en 2012. “La gestión del Gobierno ha sido nefasta y los agricultores están pagando los efectos”, lamenta.

El diputado socialista recuerda que la FEMP, la Defensora del Pueblo, las organizaciones profesionales agrarias y los diferentes partidos políticos “ya lo vienen advirtiendo desde hace casi un año” y sin embargo el Ministerio “nada ha dicho ni hecho pese a que las organizaciones agrarias han pedido su mediación”.

“Tampoco ha hecho nada el Ministerio de Hacienda, más allá de establecer una serie de coeficientes reductores para corregir los excesos generados en la asignación de valores catastrales; reconociendo así lo injusto del procedimiento y el despropósito que se está cometiendo”, reprocha.

Sicilia subraya que el PSOE no está pidiendo que se ampare a aquellos que no dieron de alta en el catastro sus construcciones o la modificación de las mismas, ni que se dejen de hacer de oficio esas regularizaciones catastrales. “Una casa en el campo debe tener la asignación catastral correspondiente y su propietario tendrá que pagar el IBI que corresponde a una edificación de ese tipo”, defiende, pero al mismo tiempo puntualiza que “una granja cerrada y en desuso no puede tener el mismo valor catastral que una nave industrial, y que no puede pagar el mismo IBI una caseta de aperos que un chalet en el campo”.

Así, Sicilia explica que la introducción en esta ley del Catastro de dos nuevas disposiciones adicionales -la disposición adicional 3ª y 4ª-, ha generado un grave problema a los agricultores que han visto regularizadas sus construcciones en suelo rústico. La Dirección General de Catastro inició un proceso de regularización para hacer aflorar nuevas construcciones o alteraciones sobre construcciones existentes no incorporadas al catastro, y en los Ayuntamientos en los que se ha producido el proceso de regulación catastral y asignación de valores a construcciones en suelo rústico, esta asignación de valores se ha hecho en base a las ponencias de valores de IBI urbano.

“El problema de muchos agricultores que han tenido esta regulación catastral, no es sólo que tengan que pagar un IBI excesivo y que no corresponde al valor del inmueble”, indica Sicilia, “es que además han visto incrementado el valor catastral de esos inmuebles de uso agrario y por tanto han aumentado su patrimonio, lo que supone un aumento de sus impuestos, por ejemplo el impuesto de transacciones, o que se vean limitados al acceso de ayudas y subvenciones, como las becas al estudio para sus hijos”, advierte.