¿Quién decide las condenas mediáticas?

El PSOE exige explicaciones a Lillo ante un “escándalo de primera magnitud” por las presuntas presiones a la UDEV en el caso de la permuta municipal

La vicesecretaria general del PSOE de Jaén, Ángeles Férriz, advirtió hoy que se trataría de “un escándalo de primera magnitud” si se confirmara la información sobre supuestas presiones a la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) en la investigación sobre una permuta de un solar que afecta al concejal del PP Miguel Contreras. “24 horas después no ha habido respuestas convincentes. Lillo lleva meses como subdelegado del Gobierno en funciones, pero visto lo visto habrá que preguntarle a qué funciones se está dedicando”, inquirió.

En rueda de prensa, Férriz rechazó rotundamente las denominadas “penas de telediario”, si bien precisó que le resulta “aún más repugnante y vomitivo” que éstas se apliquen “en función del color político” del investigado. “No se puede utilizar a las fuerzas de seguridad del Estado ni a la justicia para intereses partidistas. No nos gustaría pensar que el ministro del Interior ha creado escuela y que cuenta con discípulos aventajados en la provincia”, indicó en alusión al escándalo de Fernández Díaz que ha estallado hoy.

La responsable socialista recordó las imágenes de Irene Sabalete “con su detención televisada, su traslado a Sevilla como si fuera una delincuente peligrosa en riesgo de fuga y su estancia en los calabozos”, todo ello contado “con todo lujo de detalles” en los medios de comunicación. Por este motivo, cuestión “quién impone esas condenas mediáticas, quién decide el trato entre unos y otros y qué jueces políticos dictan esas sentencias de telediario”.

Férriz consideró que Lillo tiene que dar las respuestas oportunas ante “estas sombras de sospecha que se ciernen sobre la investigación” de la permuta. “Lillo lleva 4 años mirando para otro lado: ha mirado para otro lado con el recorte de inversiones, con la paralización de las obras de infraestructura, con la negativa de su Gobierno a un plan de empleo para Jaén o con el reciente mazazo de la PAC para los agricultores de la provincia”, recordó. “Ahora no puede mirar para otro lado: tiene que aclarar los hechos, no escurrir el bulto y asumir su responsabilidad. Demandamos explicaciones y transparencia”, instó.

La responsable socialista insistió en que de confirmarse los hechos “sería una auténtica barbaridad”, ya que se trataría de una injerencia del poder político en una investigación policial y judicial. “Los hechos investigados son graves, pero aún más grave es que se hubieran producido presiones, instrucciones, advertencias o recomendaciones por parte de la autoridad política”, advirtió.

Por su parte, el secretario general del PSOE y portavoz socialista en el Ayuntamiento, Manolo Fernández, anunció que ya se ha ultimado el escrito de personación en este caso, donde, ha subrayado, “hay cada vez más interrogantes”. Así, Fernández recordó que las noticias sobre las posibles injerencias en la investigación policial se enmarcan en un contexto en el que el “demoledor” escrito del fiscal se construye exclusivamente sobre las evidencias encontradas en la documentación.

El portavoz cree “sorprendente” que ni Miguel Contreras, en aquel entonces teniente de alcalde y Concejal de Hacienda y Patrimonio, ni el técnico municipal que participó en el expediente de permuta de los terrenos, sean investigados sin ser interrogados. “Y lo más sorprendente es que el propio Contreras se quede tan ancho ante el escrito tan contundente del fiscal de ser declarado investigado sin ser interrogado y sin tener la oportunidad de contraponer su opinión a los hechos, de explicarse”.

Fernández dijo que esta situación debería llevar a Contreras a plantearse muy seriamente el apartarse de sus responsabilidades públicas, más allá del proceso judicial que queda por delante y de la presunción de inocencia “la misma que por cierto no se respetó en el caso de otros cargos públicos”. Del mismo modo, dijo que los hechos conocidos por los medios de comunicación sobre las posibles presiones en este caso desde altas instancias a la Udev (Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta) deberían motivar en el subdelegado del Gobierno en funciones “una querella contra quien ha publicado eso, que no se ha producido, o en su defecto un itinerario de dimisiones de probarse todo esto”.

El portavoz volvió a exigir al actual alcalde, Javier Márquez, que convoque una Comisión de Investigación sobre el caso permuta al margen del proceso judicial. “Una comisión de verdad, no la comisioncilla con la que hicieron un paripé cuando el caso estalló, presidida por alguien que no sea el PP y donde el PP no sea el que decida a quién se llama a declarar”. De esta forma, el dirigente del PSOE señaló que Márquez “tendrá la oportunidad de limpiar la era” en lugar de arrastrar en sus tres años de mandato este “pecado original”.

Fernández pidió que en ella den explicaciones “todas y cada una de las personas que aparecen en el escrito de la Fiscalía, además del subdelegado del Gobierno en funciones, Juan Lillo, y el alcalde en aquel momento, José Enrique Fernández de Moya. Recuerda que esta operación de permuta se cerró justo en el mes en el que estaba de vacaciones y en el que, curiosamente, las atribuciones de la Alcaldía recaían accidentalmente sobre Miguel Contreras, que en ese momento era como la “Santísima Trinidad” para este caso, ya que además de alcalde en funciones era edil de Hacienda y Patrimonio.