Exigencia de legalidad

Millán subraya que el PSOE no ha votado en contra del cierre de la cantera Fuente de la Peña

El parlamentario Julio Millán advierte de la necesidad de respetar el principio de legalidad y el procedimiento administrativo en el caso de la cantera Fuente de la Peña, puntualiza que el PSOE no ha votado en contra del cierre y reitera que los socialistas lo respaldarán “una vez que se lleven a cabo las actuaciones legales obligadas para determinar si es procedente”. “No podemos saltarnos la ley. Para arreglar un error, no se puede cometer otro error incumpliendo la normativa. Hay que dar los pasos en firme, no en falso”, avisa al respecto

Julio Millán

Millán explica en este sentido que la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento andaluz aprobó una PNL de Podemos que en su primer punto incluía esta idea precisamente a propuesta del PSOE. En el segundo punto, que instaba directamente al cierre de la cantera, el PSOE se abstuvo. “El PSOE no ha votado en contra del cierre de la cantera. Sólo hemos pedido legalidad. En un punto votamos a favor y en otro nos abstuvimos”, recalca frente a aquellos que han asegurado que el PSOE se había posicionado en contra.

“El Gobierno andaluz no se puede saltar las normas, no puede incumplir las reglas, tiene que ajustarse a los procedimientos. No se puede cerrar directamente la cantera; hay que seguir unos pasos y eso es lo que está haciendo la Consejería y lo que respalda el PSOE. Es irresponsable pedirle a una administración que se salte los procedimientos establecidos”, advierte.

El parlamentario señala que la Consejería ya está haciendo su trabajo y que, de hecho, ya inició un expediente de caducidad de la explotación de la cantera, pero siempre “sometido al principio de legalidad y al procedimiento administrativo”. Además, recalcó: “Confiamos en la profesionalidad de los técnicos y funcionarios de la Junta de Andalucía. No se puede hacer una caza de brujas”.

Asimismo, Millán apunta que éste es un tema “complejo”, puesto que se trata de una actividad que tuvo su primera concesión en 1972 y que se regula por la Ley de Minas de 1973 y que se ve afectada también por legislación ambiental, cultural, urbanística y de ordenación del territorio.

El punto 1 de la PNL de Podemos, fruto de la enmienda presentada por el PSOE y que fue aprobado por unanimidad de los grupos, dice lo siguiente: “El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a llevar a cabo las actuaciones legales necesarias que puedan determinar la pertinencia de la revocación de la autorización de prórroga de concesión de la explotación de recursos de la Sección C) denominada La Quebrada, número 15844, revisando las actuaciones que se llevaron a cabo para otorgar la prórroga de la concesión y asegurar el cumplimiento de los condicionantes de la mencionada prórroga”.